#Paradigma
Ángel García Contreras
En las conferencias de prensa de los grupos opositores al régimen, los medios de comunicación eran convocados generalmente en algún espacio público —en aquellos años hasta disponer de un local propio resultaba complicado—. Sin embargo, los primeros en llegar, puntuales y discretamente instalados en la parte trasera, no siempre eran los representantes de los medios tradicionales.
Eran los denominados coloquialmente “orejas”: personajes encargados de observar, registrar e informar a las estructuras gubernamentales sobre quiénes asistían, qué decían y qué actividades desarrollaban los opositores.
Con mirada desafiante y desplegando pluma, libreta, cámara fotográfica o grabadora, documentaban prácticamente todo aquello que pudiera interpretarse como una expresión contraria al régimen.
Y no estoy hablando solamente de las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, cuando difícilmente “se movía la hoja de un periódico” sin conocer previamente la "línea" gubernamental; y también todos los medios electrónicos estaban sujetos a mecanismos formales e informales de control político.
Lo que describo me correspondió observarlo con mayor claridad durante la década de los noventa.
Para entonces, la libertad de expresión y la actividad de la oposición continuaban constreñidas por un régimen autoritario que comenzaba a mostrar signos evidentes de agotamiento. La sociedad mexicana despertaba políticamente, exigía democracia y cuestionaba cada vez más un sistema que acumulaba pérdida de legitimidad, ineficiencia gubernamental y sus primeras grandes derrotas electorales.
La represión política también había cambiado de rostro.
A los mecanismos tradicionales se sumaron formas más sofisticadas de presión: vigilancia, intimidación psicológica, control mediático, cooptación económica y, en determinados casos, persecución policiaca o judicial.
El periodo fue particularmente doloroso para la izquierda mexicana. Diversos recuentos históricos y testimonios partidistas documentaron el asesinato de más de 500 militantes del PRD durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; una herida profunda en el proceso de transición democrática del país.
Por eso resulta inevitable recurrir a la memoria histórica cuando algunos actores políticos que hoy se encuentran en la oposición denuncian censura, presión gubernamental u hostigamiento contra medios de comunicación.
Toda denuncia de esa naturaleza debe ser atendida.
Si existe censura, que se documente. Si existe presión gubernamental sobre algún medio, que se pruebe y se denuncie.
Si algún servidor público utiliza el poder para intimidar periodistas, debe investigarse y, en su caso, sancionarse.
La libertad de expresión no pertenece al gobierno ni a la oposición: pertenece a la sociedad. Pero defenderla también exige congruencia histórica. La democracia mexicana no comenzó cuando algunos partidos perdieron el poder; ni la libertad de expresión apareció cuando quienes gobernaron durante décadas pasaron a convertirse en oposición.
Quienes vivimos políticamente aquella etapa sabemos que muchas de las libertades que hoy parecen naturales fueron conquistadas gradualmente por periodistas, organizaciones civiles, movimientos sociales y fuerzas opositoras que enfrentaron condiciones incomparablemente más adversas.
Existe, además, una paradoja difícil de ignorar.
Lo que para el régimen de los años noventa podía considerarse inadmisible, ofensivo o políticamente peligroso, hoy forma parte cotidiana del debate público. Desde medios tradicionales y plataformas digitales se cuestiona, ironiza, denuncia e incluso se denuesta diariamente a quienes ejercen el poder.
Y eso, lejos de representar una debilidad de la democracia, constituye precisamente una de sus fortalezas.
La oposición tiene derecho a denunciar al gobierno. Los periodistas tienen derecho a investigarlo. Los ciudadanos tienen derecho a cuestionarlo. Y el gobierno tiene la obligación democrática de tolerar incluso las expresiones que le resulten incómodas.
Pero ninguna fuerza política debería utilizar selectivamente la memoria. Resulta demasiado sencillo presentarse como víctima cuando se está fuera del poder y olvidar los métodos utilizados cuando se ejercía.
Por eso, frente a las actuales denuncias de censura, la respuesta democrática no debería ser censurar a quien denuncia ni descalificarlo personalmente. Debe ser exigir pruebas, garantizar derechos y, simultáneamente, recordar la historia.
Porque la democracia también se construye con memoria.
Y quizá valga citar una vieja advertencia de George Santayana, que resulta particularmente pertinente: “Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.”
En política agregaría algo más:
Quien exige libertades desde la oposición tiene también la obligación moral de recordar cómo las ejerció cuando tuvo el poder.
Nota: Infografía generada con IA
