Los represores de ayer, los mártires de hoy

#Paradigma

Ángel García Contreras 

En las conferencias de prensa de los grupos opositores al régimen, los medios de comunicación eran convocados generalmente en algún espacio público —en aquellos años hasta disponer de un local propio resultaba complicado—. Sin embargo, los primeros en llegar, puntuales y discretamente instalados en la parte trasera, no siempre eran los representantes de los medios tradicionales.

Eran los denominados coloquialmente  “orejas”: personajes encargados de observar, registrar e informar a las estructuras gubernamentales sobre quiénes asistían, qué decían y qué actividades desarrollaban los opositores.

Con mirada desafiante y desplegando pluma, libreta, cámara fotográfica o grabadora, documentaban prácticamente todo aquello que pudiera interpretarse como una expresión contraria al régimen.

Y no estoy hablando solamente de las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, cuando difícilmente “se movía la hoja de un periódico” sin conocer previamente la "línea" gubernamental;  y también todos los medios electrónicos estaban sujetos a mecanismos formales e informales de control político.

Lo que describo me correspondió observarlo con mayor claridad durante la década de los noventa.

Para entonces, la libertad de expresión y la actividad de la oposición continuaban constreñidas por un régimen autoritario que comenzaba a mostrar signos evidentes de agotamiento. La sociedad mexicana despertaba políticamente, exigía democracia y cuestionaba cada vez más un sistema que acumulaba pérdida de legitimidad, ineficiencia gubernamental y sus primeras grandes derrotas electorales.

La represión política también había cambiado de rostro.

A los mecanismos tradicionales se sumaron formas más sofisticadas de presión: vigilancia, intimidación psicológica, control mediático, cooptación económica y, en determinados casos, persecución policiaca o judicial.

El periodo fue particularmente doloroso para la izquierda mexicana. Diversos recuentos históricos y testimonios partidistas documentaron el asesinato de más de 500 militantes del PRD durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; una herida profunda en el proceso de transición democrática del país.

Por eso resulta inevitable recurrir a la memoria histórica cuando algunos actores políticos que hoy se encuentran en la oposición denuncian censura, presión gubernamental u hostigamiento contra medios de comunicación.

Toda denuncia de esa naturaleza debe ser atendida.

Si existe censura, que se documente. Si existe presión gubernamental sobre algún medio, que se pruebe y se denuncie.

Si algún servidor público utiliza el poder para intimidar periodistas, debe investigarse y, en su caso, sancionarse.

La libertad de expresión no pertenece al gobierno ni a la oposición: pertenece a la sociedad. Pero defenderla también exige congruencia histórica. La democracia mexicana no comenzó cuando algunos partidos perdieron el poder; ni la libertad de expresión apareció cuando quienes gobernaron durante décadas pasaron a convertirse en oposición.

Quienes vivimos políticamente aquella etapa sabemos que muchas de las libertades que hoy parecen naturales fueron conquistadas gradualmente por periodistas, organizaciones civiles, movimientos sociales y fuerzas opositoras que enfrentaron condiciones incomparablemente más adversas.

Existe, además, una paradoja difícil de ignorar.

Lo que para el régimen de los años noventa podía considerarse inadmisible, ofensivo o políticamente peligroso, hoy forma parte cotidiana del debate público. Desde medios tradicionales y plataformas digitales se cuestiona, ironiza, denuncia e incluso se denuesta diariamente a quienes ejercen el poder.

Y eso, lejos de representar una debilidad de la democracia, constituye precisamente una de sus fortalezas.

La oposición tiene derecho a denunciar al gobierno. Los periodistas tienen derecho a investigarlo. Los ciudadanos tienen derecho a cuestionarlo. Y el gobierno tiene la obligación democrática de tolerar incluso las expresiones que le resulten incómodas.

Pero ninguna fuerza política debería utilizar selectivamente la memoria. Resulta demasiado sencillo presentarse como víctima cuando se está fuera del poder y olvidar los métodos utilizados cuando se ejercía.

Por eso, frente a las actuales denuncias de censura, la respuesta democrática no debería ser censurar a quien denuncia ni descalificarlo personalmente. Debe ser exigir pruebas, garantizar derechos y, simultáneamente, recordar la historia.

Porque la democracia también se construye con memoria.

Y quizá  valga citar una vieja advertencia de George Santayana, que resulta particularmente pertinente: “Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.”

En política agregaría algo más:

Quien exige libertades desde la oposición tiene también la obligación moral de recordar cómo las ejerció cuando tuvo el poder.

Nota: Infografía generada con IA

Mazatlán: entre la coyuntura y la estructura

 

Ángel García Contreras

#paradigma

La política suele construirse sobre dos dimensiones distintas de la realidad. La primera es la coyuntura: los acontecimientos diarios que ocupan titulares, alimentan el debate público y marcan el ritmo de las redes sociales. La segunda es la estructura: aquellos procesos económicos, sociales e institucionales que se construyen durante años y que, en última instancia, determinan el rumbo de una ciudad.

Ese es, precisamente, el paradigma que hoy enfrenta Mazatlán: decidir si su realidad debe interpretarse desde los acontecimientos del día o desde los procesos de largo plazo que definen su competitividad. Confundir ambas dimensiones conduce, con frecuencia, a diagnósticos incompletos.

En los últimos meses se ha intensificado el discurso opositor en Mazatlán. Privilegiando una narrativa centrada en la inseguridad, las deficiencias en algunos servicios públicos y otros acontecimientos propios de la coyuntura. Son temas legítimos, porque constituyen responsabilidades ineludibles de cualquier gobierno y demandan atención inmediata.

Sin embargo, cuando una ciudad pretende evaluarse únicamente desde la coyuntura, se corre el riesgo de perder de vista los indicadores estructurales que explican su verdadero desempeño.

Precisamente, por eso resulta interesante los resultados del Estudio: Índice de Competitividad Urbana 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Este diagnóstico elaborado por un organismo independiente, reconocido por su rigor metodológico y que, ciertamente, no puede ser considerado un aliado político del gobierno federal ni de Morena. Su evaluación, por ello, adquiere una relevancia especial.

El estudio ubica a Mazatlán como la ciudad más competitiva de Sinaloa y entre las mejor evaluadas del país en su categoría poblacional. Destaca fortalezas que difícilmente pueden explicarse por los resultados catastróficos que la oposición endilga a los gobiernos de MORENA; ya que una economía dinámica impulsada por el turismo, altos niveles de ocupación hotelera, un mercado laboral competitivo, una infraestructura favorable para el desarrollo económico y condiciones que continúan atrayendo inversión, no puedes adjudicarse solo a la “casualidad” y a los “milagros” del mercado.

Estos son indicadores estructurales. Son el resultado de políticas públicas, acciones e inversiones gubernamentales que fomentan las inversiones privadas; generando confianza empresarial, capacidad institucional y gubernamental. Y una vocación turística construida durante décadas por su vocación natural: las playas.

Pero el propio IMCO también identifica desafíos que no deben minimizarse: la seguridad pública, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la gobernanza. Es decir, el informe no idealiza a Mazatlán ni oculta sus problemas; por el contrario, los documenta con la misma objetividad con la que reconoce sus fortalezas.

Ahí radica la diferencia entre el análisis técnico y el discurso político.

Mientras el primero ofrece una visión integral, el segundo suele privilegiar aquellos aspectos que fortalecen su narrativa. Es una lógica comprensible en democracia: el gobierno enfatiza los avances; la oposición pone el acento en las deficiencias. Ambas perspectivas cumplen una función dentro del debate público. No obstante, reducir la realidad de una ciudad únicamente a los acontecimientos del día puede conducir a una percepción distorsionada de su situación.

La verdadera discusión debería plantearse en otro nivel: ¿cómo resolver los problemas coyunturales sin debilitar las fortalezas estructurales que hoy distinguen a Mazatlán?

Porque una ciudad competitiva no es aquella que carece de problemas. Es aquella que posee la capacidad institucional, económica y social para enfrentarlos sin comprometer su desarrollo de largo plazo.

Mazatlán tiene retos importantes. Nadie puede negarlos. Pero también cuenta con fortalezas objetivamente reconocidas por organismos independientes. Ignorar cualquiera de estas dos realidades sería un error.

En política, como en la administración pública, gobernar exige atender la coyuntura; pero construir el futuro demanda fortalecer la estructura.

Quizá ese sea el verdadero desafío de quienes hoy gobiernan y de quienes aspiran legítimamente a hacerlo. Debatir menos sobre la ciudad catastrófica que hoy conviene narrar a la oposición; y trabajar más por la ciudad que los indicadores muestran que hoy, a pesar de todo. sigue teniendo un gran potencial.

¡Eh ahí el dilema, pero también la opción!